PARTIDO REPUBLICANO RADICAL SOCIALISTA
26 de septiembre de 1930
Organización del Estado:
Instauración de una República democrática, con un Presidente revocable, plenamente responsable.
Creación de una Cámara legislativa única, elegida por sufragio universal, secreto y directo para todos los ciudadanos mayores de 23 años, sin distinción de sexo.
Supresión del Senado, sustituyéndole por un organismo meramente consultivo, de carácter representativo, de dictamen obligado en los casos que le asigne la Constitución o estime pertinente el Gobierno.
Representación proporcional.
Libertad absoluta de palabra, de prensa, de reunión y de asociación, garantizados por la Constitución como derechos inviolables.
Establecimiento del «referendum» y del derecho de iniciativa, para que el pueblo pueda participar directamente en la legislación del país.
Autonomía de las regiones naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo permita.
Plena autonomía municipal y creación del patrimonio comunal.
Retribución de todos los cargos electivos.
La paz y la guerra no dependerán del jefe del Estado, y tendrán que someterse al voto de la nación, así como la revisión constitucional.
Regulación del derecho a reclamar contra la anticonstitucionalidad de las leyes y preceptos administrativos.
Inalienabilidad de la propiedad pública y, eventualmente, revisión de todos los contratos que hayan enajenado las propiedades de la nación o los servicios públicos (minas, teléfonos, ferrocarriles, etc).
Reforma de la ley de prensa, de la ley de orden público y abolición de la ley de Jurisdicciones.
Sumisión a la jurisdicción del Tribunal Internacional Permanente de todos los asuntos que sean de su competencia.
Sometimiento de las diferencias internacionales al arbitraje de la Sociedad de las Naciones.
Justicia:
El P.R.R.S. propugnará una concepción nueva de la justicia considerándola como un servicio a cargo del Estado, nunca como un poder, y en este sentido, abogará por su democratización y desprofesionalización, recabando la implantación del jurado para todos los asuntos civiles y criminales y la gratuidad de la justicia en todos sus órdenes y grados.
Forman, además, parte de su Programa en el orden judicial:
Igualdad civil para los individuos de uno y otro sexo.
Igualdad civil de los hijos.
Investigación de la paternidad.
Ley de divorcio.
Magistratura electiva y temporal.
Modificación en un sentido amplio, de las garantías debidas a la defensa.
Supresión de las cargas, privilegios y monopolios judiciales.
Reparación moral y pecuniaria a las víctimas de los errores policíacos y judiciales.
Supresión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como fuente de derecho.
Prohibición de los tribunales especiales.
Supresión de los consejos de guerra en tiempo de paz.
Derogación del fuero de atracción para los tribunales de guerra.
Simplificación de las normas judiciales, eliminando lo que aún resta de inquisitivo en nuestras leyes, para reducir el procedimiento a la forma acusatoria, separando la pesquisa policial de la instrucción del sumario.
Supresión del sumario secreto.
Aumento de los casos de revisión.
Prescripción de toda penalidad retributiva y expiatoria en el Código Penal, propugnando un sistema preventivo y correccional.
Reducción de las penas de privación de libertad.
Abolición de la pena de muerte.
Limitación de la prisión preventiva.
Reforma del sistema penitenciario.
Desarrollo de las penitenciarías agrícolas.
Fijación de salarios mínimos para los trabajos hechos en los correccionales.
Política eclesiástica:
Separación de la Iglesia y el Estado.
Supresión del presupuesto de culto y clero.
Sometimiento del clero al derecho común.
Incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia y de las corporaciones religiosas. Hasta tanto se llegue a ello, supresión de las exenciones tributarisa que gozan dichos bienes.
Invalidación en el orden civil de los votos religiosos.
Administración pública:
El P.R.R.S. estima que la organización de nuestra Administración pública, moldeada sobre supervivencias políticas de las monarquías absolutas, debe estructurarse de manera distinta. El burocratismo jerárquico, monstruosamente formalista y ritual, en que la antigüedad de los escalafones asigna las categorías y la dirección en los servicios, debe ser sustituido por una organización de tipo sindical, supeditada totalmente a la eficacia y a la rapidez en el despacho de los asuntos. Queremos la simplificación de trámites, la sencillez en el procedimiento, una amplia descentralización administrativa y la reglamentación de todos los servicios, con arreglo a las normas propuestas por las agrupaciones profesionales de empleados. Pedimos también la desaparición del Consejo de Estado, por ser una institución típicamente antidemocrática, que ampara la sustracción de los asuntos de mayor importancia al Parlamento y confiere validez y autoridad a los abusos del Poder ejecutivo, pasando parte de sus atribuciones actuales al nuevo organismo consultivo que ha de sustituir al Senado. Pedimos también la revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios y la declaración constitucional de que el Estado es responsable subsidiario por las faltas y transgresiones de los funcionarios públicos en el cometido de sus cargos.
Legislación obrera y social:
Afirmación del derecho al producto íntegro del trabajo.
Absoluta libertad de asociación y sindicación para todos los fines sociales y reconocimiento pleno del derecho a la huelga.
Fijación de un tipo máximo de jornada para toda clase de trabajos.
Fijación de salario mínimo en los mismos.
Retribución igual para los trabajadores de uno y otro sexo.
Participación del obrero en la dirección de las empresas y en el reparto de sus beneficios.
Protección legal de trabajo, conforme a las exigencias de la higiene y de la seguridad, bajo la vigilancia de organismos inspectores provistos por elección entre los trabajadores.
Establecimiento por el Estado del seguro en todas sus formas: accidentes, paro, enfermedad y vejez, con participación del Estado y de los elementos productores.
Nacionalización del seguro en todas sus formas.
Organización del crédito para todos los trabajadores.
Fomento y subvención de las Cooperativas de producción, distribución y consumo.
Creación de laboratorios y centros de investigación y comprobación de productos nacionales.
Eliminación de la dilapidación de energía por medio de métodos colectivos, bajo la inspección del Estado.
El P.R.R.S. estima que la asistencia social debe figurar entre los derechos constitucionales, declarándose obligación del Estado proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de ganarse el sustento mediante un trabajo remunerador y productivo, y cuando circunstancialmente haya paro, la de atender a su necesario sustento.
Economía:
Reforma agraria e impuesto.
Nacionalización de la tierra, de los bosques, de las minas, de las aguas, de los ferrocarriles.
El impuesto, como un instrumento de la justicia social no podrá gravar el trabajo, recayendo en forma progresiva sobre el capital, la renta y las sucesiones.
Abolición de los impuestos indirectos, excepción hecha de los que gravan artículos de lujo.
Nacionalización del Banco de España.
Supresión de las herencias en línea colateral en tercer grado.
Control del crédito.
Creación del patrimonio familiar inembargable.
Transitoriamente: Expropiación inmediata de las tierras sustraídas al cultivo y su entrega a las organizaciones agrarias.
Prohibición del desahucio de las tierras por otra causa que no sea la falta de pago de las rentas y continuación forzosa de los contratos de arriendo con los precios actuales.
Instrucción pública[editar]
Instrucción integral, laica y gratuita para todos los órdenes y grados, sean o no profesionales, en razón de las aptitudes comprobadas.
Prohibición de la enseñanza a las comunidades religiosas.
Sostenimiento y alimentación del niño a cargo de la nación durante todo el período de instrucción.
Graduación de la primera enseñanza y creación de todas las escuelas que demanden el censo escolar.
Fomento de las instituciones pre y post-escolares.
Reforma de la segunda enseñanza, aprovechando las ventajas obtenidas con el Instituto Escuela.
Las Universidades como centros de capacitación profesional, sin limitarse a la mera expendición de títulos.
Creación de residencias de estudiantes.
Desarrollo de la enseñanza técnica, agrícola y marítima, articulándolas según las necesidades regionales.
Urgente formación de nuevas y numerosas promociones de maestros con remuneración igual e idéntica proporcionalidad en sus plantillas que los restantes funcionarios públicos.
Salubridad:
En materia sanitaria, el P.R.R.S. exigirá la dotación conveniente de estos servicios, de ninguna eficacia hoy por la tacañería con que están atendidos, y recabará que el personal sea retribuido por el Estado, quitándose este capítulo de los prespupuestos municipales como ya se hizo con el Magisterio, para evitar que obligación tan importante esté bajo las influencias del caciquismo rural.
Urge, además, por espíritu de humanidad y por dignidad del País, atender espléndidamente a la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, declarándolos problemas preferentes e imponiendo, si preciso fuera, los sacrificios necesarios en otros puntos del presupuesto, para llegar a atajar estos males, cuya proporción entre nosotros constituye una verdadera vergüenza nacional.
Estimamos que debe mejorarse, igualmente, la asistencia gratuita médico-farmacéutica y como complemento de la política sanitaria, fomentar la construcción de casas baratas e higiénicas, intensificar la repoblación forestal, ampliar las subvenciones concedidas por el Estado en los suministros de agua a las poblaciones, etc.
Obras públicas:
Además de una escrupulosa administración y aprovechamiento de los bosques, aguas, minas y ferrocarriles, a cuya nacionalización estima debe llegarse lo más rápidamente posible, el P.R.R.S. incluye en su Programa el aprovechamiento de la energía hidráulica, para ponerla, bajo el control del Estado, al servicio de la nación y el fomento y conservación de las obras públicas de verdadera utilidad general, cuidando de separar todas las que tengan un carácter suntuario o satisfagan intereses puramente locales.
La considerable extensión de las costas, obliga a dar a lo marítimo toda la importancia que tiene en nuestro país, y nuestro Partido ha de defender con carácter de urgencia la mejora de nuestros puertos y su rápida comunicación con el interior, al objeto de poner en explotación la enorme riqueza pesquera de nuestro litoral.
Otro aspecto de las obras públicas es el de su adjudicación y en este aspecto, el P.R.R.S. se pronuncia por que el Estado atienda a su ejecución directamente, sin intermediarios que trafiquen con las concesiones y obtengan beneficios que pertenecen íntegramente a la colectividad.
Defensa nacional:
El P.R.R.S. niega la conveniencia del servicio militar obligatorio, que, con el tópico de “la nación en armas” ha venido figurando en los programas de todos los partidos democráticos, y teniendo presentes las enseñanzas de la gran guerra, preconiza la formación de un ejército limitado, voluntario y retribuido, de perfecta capacitación técnica y provisto de los elementos materiales más eficaces. Esta milicia, dotada de instrucción apropiada, podría dirigir, llegado el momento, los cuadros del ejército nacional, integrados por todos los ciudadanos útiles, sin otras excepciones que las fijadas en la ley y que de ninguna manera podrían basarse en privilegios de clase o fortuna.
Renunciando a todo propósito de conquista, el P.R.R.S. propugna una Marina de guerra dedicada exclusivamente a la defensa de nuestras costas y provincias insulares.
Eventualmente el P.R.R.S. exige una disminución gradual en los gastos del Ejército y de la Armada, hasta conseguir una exacta proporcionalidad entre las plantillas de jefes y oficiales y los efectivos de tropa y unidades de escuadra.
Bilbao, 1930.
26 de septiembre de 1930
Organización del Estado:
Instauración de una República democrática, con un Presidente revocable, plenamente responsable.
Creación de una Cámara legislativa única, elegida por sufragio universal, secreto y directo para todos los ciudadanos mayores de 23 años, sin distinción de sexo.
Supresión del Senado, sustituyéndole por un organismo meramente consultivo, de carácter representativo, de dictamen obligado en los casos que le asigne la Constitución o estime pertinente el Gobierno.
Representación proporcional.
Libertad absoluta de palabra, de prensa, de reunión y de asociación, garantizados por la Constitución como derechos inviolables.
Establecimiento del «referendum» y del derecho de iniciativa, para que el pueblo pueda participar directamente en la legislación del país.
Autonomía de las regiones naturales, tan amplia como su desenvolvimiento y capacitación política lo permita.
Plena autonomía municipal y creación del patrimonio comunal.
Retribución de todos los cargos electivos.
La paz y la guerra no dependerán del jefe del Estado, y tendrán que someterse al voto de la nación, así como la revisión constitucional.
Regulación del derecho a reclamar contra la anticonstitucionalidad de las leyes y preceptos administrativos.
Inalienabilidad de la propiedad pública y, eventualmente, revisión de todos los contratos que hayan enajenado las propiedades de la nación o los servicios públicos (minas, teléfonos, ferrocarriles, etc).
Reforma de la ley de prensa, de la ley de orden público y abolición de la ley de Jurisdicciones.
Sumisión a la jurisdicción del Tribunal Internacional Permanente de todos los asuntos que sean de su competencia.
Sometimiento de las diferencias internacionales al arbitraje de la Sociedad de las Naciones.
Justicia:
El P.R.R.S. propugnará una concepción nueva de la justicia considerándola como un servicio a cargo del Estado, nunca como un poder, y en este sentido, abogará por su democratización y desprofesionalización, recabando la implantación del jurado para todos los asuntos civiles y criminales y la gratuidad de la justicia en todos sus órdenes y grados.
Forman, además, parte de su Programa en el orden judicial:
Igualdad civil para los individuos de uno y otro sexo.
Igualdad civil de los hijos.
Investigación de la paternidad.
Ley de divorcio.
Magistratura electiva y temporal.
Modificación en un sentido amplio, de las garantías debidas a la defensa.
Supresión de las cargas, privilegios y monopolios judiciales.
Reparación moral y pecuniaria a las víctimas de los errores policíacos y judiciales.
Supresión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como fuente de derecho.
Prohibición de los tribunales especiales.
Supresión de los consejos de guerra en tiempo de paz.
Derogación del fuero de atracción para los tribunales de guerra.
Simplificación de las normas judiciales, eliminando lo que aún resta de inquisitivo en nuestras leyes, para reducir el procedimiento a la forma acusatoria, separando la pesquisa policial de la instrucción del sumario.
Supresión del sumario secreto.
Aumento de los casos de revisión.
Prescripción de toda penalidad retributiva y expiatoria en el Código Penal, propugnando un sistema preventivo y correccional.
Reducción de las penas de privación de libertad.
Abolición de la pena de muerte.
Limitación de la prisión preventiva.
Reforma del sistema penitenciario.
Desarrollo de las penitenciarías agrícolas.
Fijación de salarios mínimos para los trabajos hechos en los correccionales.
Política eclesiástica:
Separación de la Iglesia y el Estado.
Supresión del presupuesto de culto y clero.
Sometimiento del clero al derecho común.
Incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia y de las corporaciones religiosas. Hasta tanto se llegue a ello, supresión de las exenciones tributarisa que gozan dichos bienes.
Invalidación en el orden civil de los votos religiosos.
Administración pública:
El P.R.R.S. estima que la organización de nuestra Administración pública, moldeada sobre supervivencias políticas de las monarquías absolutas, debe estructurarse de manera distinta. El burocratismo jerárquico, monstruosamente formalista y ritual, en que la antigüedad de los escalafones asigna las categorías y la dirección en los servicios, debe ser sustituido por una organización de tipo sindical, supeditada totalmente a la eficacia y a la rapidez en el despacho de los asuntos. Queremos la simplificación de trámites, la sencillez en el procedimiento, una amplia descentralización administrativa y la reglamentación de todos los servicios, con arreglo a las normas propuestas por las agrupaciones profesionales de empleados. Pedimos también la desaparición del Consejo de Estado, por ser una institución típicamente antidemocrática, que ampara la sustracción de los asuntos de mayor importancia al Parlamento y confiere validez y autoridad a los abusos del Poder ejecutivo, pasando parte de sus atribuciones actuales al nuevo organismo consultivo que ha de sustituir al Senado. Pedimos también la revocabilidad y responsabilidad de todos los funcionarios y la declaración constitucional de que el Estado es responsable subsidiario por las faltas y transgresiones de los funcionarios públicos en el cometido de sus cargos.
Legislación obrera y social:
Afirmación del derecho al producto íntegro del trabajo.
Absoluta libertad de asociación y sindicación para todos los fines sociales y reconocimiento pleno del derecho a la huelga.
Fijación de un tipo máximo de jornada para toda clase de trabajos.
Fijación de salario mínimo en los mismos.
Retribución igual para los trabajadores de uno y otro sexo.
Participación del obrero en la dirección de las empresas y en el reparto de sus beneficios.
Protección legal de trabajo, conforme a las exigencias de la higiene y de la seguridad, bajo la vigilancia de organismos inspectores provistos por elección entre los trabajadores.
Establecimiento por el Estado del seguro en todas sus formas: accidentes, paro, enfermedad y vejez, con participación del Estado y de los elementos productores.
Nacionalización del seguro en todas sus formas.
Organización del crédito para todos los trabajadores.
Fomento y subvención de las Cooperativas de producción, distribución y consumo.
Creación de laboratorios y centros de investigación y comprobación de productos nacionales.
Eliminación de la dilapidación de energía por medio de métodos colectivos, bajo la inspección del Estado.
El P.R.R.S. estima que la asistencia social debe figurar entre los derechos constitucionales, declarándose obligación del Estado proporcionar a todos los ciudadanos la posibilidad de ganarse el sustento mediante un trabajo remunerador y productivo, y cuando circunstancialmente haya paro, la de atender a su necesario sustento.
Economía:
Reforma agraria e impuesto.
Nacionalización de la tierra, de los bosques, de las minas, de las aguas, de los ferrocarriles.
El impuesto, como un instrumento de la justicia social no podrá gravar el trabajo, recayendo en forma progresiva sobre el capital, la renta y las sucesiones.
Abolición de los impuestos indirectos, excepción hecha de los que gravan artículos de lujo.
Nacionalización del Banco de España.
Supresión de las herencias en línea colateral en tercer grado.
Control del crédito.
Creación del patrimonio familiar inembargable.
Transitoriamente: Expropiación inmediata de las tierras sustraídas al cultivo y su entrega a las organizaciones agrarias.
Prohibición del desahucio de las tierras por otra causa que no sea la falta de pago de las rentas y continuación forzosa de los contratos de arriendo con los precios actuales.
Instrucción pública[editar]
Instrucción integral, laica y gratuita para todos los órdenes y grados, sean o no profesionales, en razón de las aptitudes comprobadas.
Prohibición de la enseñanza a las comunidades religiosas.
Sostenimiento y alimentación del niño a cargo de la nación durante todo el período de instrucción.
Graduación de la primera enseñanza y creación de todas las escuelas que demanden el censo escolar.
Fomento de las instituciones pre y post-escolares.
Reforma de la segunda enseñanza, aprovechando las ventajas obtenidas con el Instituto Escuela.
Las Universidades como centros de capacitación profesional, sin limitarse a la mera expendición de títulos.
Creación de residencias de estudiantes.
Desarrollo de la enseñanza técnica, agrícola y marítima, articulándolas según las necesidades regionales.
Urgente formación de nuevas y numerosas promociones de maestros con remuneración igual e idéntica proporcionalidad en sus plantillas que los restantes funcionarios públicos.
Salubridad:
En materia sanitaria, el P.R.R.S. exigirá la dotación conveniente de estos servicios, de ninguna eficacia hoy por la tacañería con que están atendidos, y recabará que el personal sea retribuido por el Estado, quitándose este capítulo de los prespupuestos municipales como ya se hizo con el Magisterio, para evitar que obligación tan importante esté bajo las influencias del caciquismo rural.
Urge, además, por espíritu de humanidad y por dignidad del País, atender espléndidamente a la lucha contra el paludismo y la tuberculosis, declarándolos problemas preferentes e imponiendo, si preciso fuera, los sacrificios necesarios en otros puntos del presupuesto, para llegar a atajar estos males, cuya proporción entre nosotros constituye una verdadera vergüenza nacional.
Estimamos que debe mejorarse, igualmente, la asistencia gratuita médico-farmacéutica y como complemento de la política sanitaria, fomentar la construcción de casas baratas e higiénicas, intensificar la repoblación forestal, ampliar las subvenciones concedidas por el Estado en los suministros de agua a las poblaciones, etc.
Obras públicas:
Además de una escrupulosa administración y aprovechamiento de los bosques, aguas, minas y ferrocarriles, a cuya nacionalización estima debe llegarse lo más rápidamente posible, el P.R.R.S. incluye en su Programa el aprovechamiento de la energía hidráulica, para ponerla, bajo el control del Estado, al servicio de la nación y el fomento y conservación de las obras públicas de verdadera utilidad general, cuidando de separar todas las que tengan un carácter suntuario o satisfagan intereses puramente locales.
La considerable extensión de las costas, obliga a dar a lo marítimo toda la importancia que tiene en nuestro país, y nuestro Partido ha de defender con carácter de urgencia la mejora de nuestros puertos y su rápida comunicación con el interior, al objeto de poner en explotación la enorme riqueza pesquera de nuestro litoral.
Otro aspecto de las obras públicas es el de su adjudicación y en este aspecto, el P.R.R.S. se pronuncia por que el Estado atienda a su ejecución directamente, sin intermediarios que trafiquen con las concesiones y obtengan beneficios que pertenecen íntegramente a la colectividad.
Defensa nacional:
El P.R.R.S. niega la conveniencia del servicio militar obligatorio, que, con el tópico de “la nación en armas” ha venido figurando en los programas de todos los partidos democráticos, y teniendo presentes las enseñanzas de la gran guerra, preconiza la formación de un ejército limitado, voluntario y retribuido, de perfecta capacitación técnica y provisto de los elementos materiales más eficaces. Esta milicia, dotada de instrucción apropiada, podría dirigir, llegado el momento, los cuadros del ejército nacional, integrados por todos los ciudadanos útiles, sin otras excepciones que las fijadas en la ley y que de ninguna manera podrían basarse en privilegios de clase o fortuna.
Renunciando a todo propósito de conquista, el P.R.R.S. propugna una Marina de guerra dedicada exclusivamente a la defensa de nuestras costas y provincias insulares.
Eventualmente el P.R.R.S. exige una disminución gradual en los gastos del Ejército y de la Armada, hasta conseguir una exacta proporcionalidad entre las plantillas de jefes y oficiales y los efectivos de tropa y unidades de escuadra.
Bilbao, 1930.
